Recientemente nuestro polideportivo ha sido
protagonista del guión redactado por el equipo de gobierno y su partido para su
película particular “Todo queda en casa”.
El 29 de diciembre de 2014, se adjudicó en
el Pleno extraordinario el contrato de gestión integral de las instalaciones
deportivas de Muskiz a la UTE BiSport-Kirlan por un importe de 700.000
euros/año (IVA incluído). La primera empresa fue creada en 2009 por dos
exconcejales del PNV de Leioa. Uno de ellos, Jon Loizaga, está involucrado en
el caso de supuesta corrupción “Pinosolo”. En este pleno, nos mostramos en contra
de esta adjudicación, por un lado por la relación del gerente en casos de supuesta
ilegalidad y por otro, porque la adjudicación del servicio se hacía por cinco
años prorrogables otros cinco, lo cual nos parecía un plazo demasiado extenso, ya
que podría condicionar la gestión deportiva de las instalaciones municipales
durante las tres próximas legislaturas.
La empresa que gestionaba este servicio
hasta la fecha y que optó al
concurso de gestión, EMTSport, interpuso recurso
contra la adjudicación en el OARC, Órgano Administrativo de Recursos
Contractuales del Gobierno Vasco. El 20 de febrero se recibió la Resolución por
la cual dicho órgano ha anulado el contrato de adjudicación a BISPORT fundamentalmente
por fallos en la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. La redacción de este Pliego se encargó a Macua Abogados y Asesores
Tributarios y se pagó una factura de 2.178,00 euros. ¿Por qué se le encargó a
este despacho? ¿Qué méritos profesionales podía tener este despacho en un
asunto de gestión deportiva?
Además de la anulación del contrato, la
Resolución obligaba al Ayuntamiento a realizar una nueva adjudicación. También
existe competencia por parte del pleno para acordar la continuidad de los
efectos del contrato anulado tal y como prevé el artículo 35.3 del TRLCSP, en
aras a no ocasionar un grave trastorno al servicio público.
En el pleno del 12 de este mes, pedimos al
equipo de gobierno lo siguiente:
1. Que se iniciase urgentemente
el proceso para hacer una adjudicación de un contrato de servicios por un año,
similar al que regía en 2014.
2.
Que se presente para aprobación
en pleno la resolución que exige la aplicación del artículo 35.3 mientras se
resuelve la nueva adjudicación con el fin de mantener el servicio abierto y
proteger los derechos de los trabajadores.
3.
Que se realice un estudio de
las condiciones técnicas, laborales y económicas de la explotación del
polideportivo, incluyendo el análisis de la posible municipalización de la
misma (tenemos un déficit de explotación que ronda los 900.000 euros anuales).
El miércoles 18, se convocó un Pleno
Extraordinario sobre este asunto. Expusimos los mismos argumentos que en el
anterior pleno y además criticamos el hecho de que en el acuerdo que se sometía
a aprobación solo se contemplaba la “continuación de los efectos del contrato
de concesión de la gestión integral”, y más adelante se añadía, “…en
tanto se adoptan las medidas urgentes…”.
Solicitamos que este pleno se pronunciase de manera positiva sobre las
medidas urgentes a adoptar, en el sentido de que antes de final de este mes de
marzo, el pleno o la JGL, según corresponda, acuerden el inicio del expediente
de adjudicación del nuevo contrato.
También resaltamos que incluso el informe de
Secretaría es más apremiante que la propuesta presentada por el equipo de
gobierno, ya que en él se dice “…ordenando el inicio inmediato de los trámites
necesarios para proceder a una nueva adjudicación”.
Dado que no se aceptaron ninguna de nuestras
sugerencias, nos preguntamos:
• ¿Cuándo se va a iniciar el trámite
de la adjudicación del nuevo contrato?
•
¿Por qué se contrató, con ese
resultado pésimo, a Macua Abogados y Asesores?
•
¿Se le va a exigir alguna
responsabilidad por los errores en la elaboración del Pliego?
•
Y lo que es más importante ¿Qué
beneficios está obteniendo Muskiz con todo este lío?
