A pesar de que desde algunos sectores se empeñan en desacreditar los últimos informes que corroboran los efectos negativos en la salud de la instalación cercana a viviendas de estas antenas, es un hecho que la emisión de ondas electromagnéticas que producen tiene consecuencias dañinas en el ser humano.
En nuestro municipio, en 2001 el pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de iniciar expediente de modificación de Normas Subsidiarias para regular las instalaciones radioeléctricas en el municipio y se establecieron dos zonas para ello, Kobarón y Altamira, prohibiéndose en el resto del pueblo.
En el barrio de El Cerro, Telefónica había instalado una antena. En 2006 se ganó un contencioso contra la empresa y su antena que obligaba al desmantelamiento de la misma. Los habitantes del barrio pensaban que la orden se había llevado a cabo, sin embargo, a día de hoy se han hecho pruebas de emisiones y la antena sigue radiando a las personas que viven en las casas colindantes. ¿Por qué las Autoridades no hacen su trabajo y es el/la vecino/a quien se tiene que encargar de controlar que se cumpla la ley?
Además de este caso, el barrio de Santelices escuchaba con asombro en febrero de 2010 al Alcalde comunicarles que se había pedido licencia para instalación de antena de telefonía móvil de Vodafone en un pabellón industrial del polígono El Campo, en concreto, en la empresa Jamones Paulino. También les dijo que tenían 15 días para hacer alegaciones. Se recogieron un centenar de firmas y se presentaron 10 alegaciones bien fundamentadas. Cuál no sería la sorpresa cuando descubrieron que la antena ya estaba instalada y funcionando desde hacía algunos meses. El Ayuntamiento parecía desconocer esta ilegalidad y tras idas y vueltas de los vecinos al ayuntamiento, el Alcalde redactó un Decreto de Alcaldía solocitando el cese de la actividad.
A su vez, Vodafone alegó una serie de razones en contra del cese, entre ellas, el hecho de que ellos habían solicitado licencia en septiembre de 2009 y no habían obtenido respuesta en más de tres meses por lo que entendían que podían instalar la antena.
Al final, la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 13 de julio de 2010 desestimó las alegaciones de los vecinos y concedió la licencia de actividad a Vodafone. Así de simple.
Desde aquí deducimos que, como siempre, desde las Administraciones han dado más importancia a los intereses de una empresa privada que a los derechos de las personas afectadas, que se incumple la ley constantemente, que no hay rigor a la hora de inspeccionar las actividades nocivas para la salud.El silencio administrativo del Ayuntamiento sólo puede tener dos razones: olvido por ineficacia o por interés. Ambas nos obligan a pedir un cambio en la forma de gobernar nuestro pueblo, más participación ciudadana, más transparencia en la gestión, protección de nuestra salud y el medioambiente y cumplimiento de la legalidad vigente.
